Tokio – Con un movimiento que marca un cambió de dirección importante en la política exterior y de defensa, el parlamento japonés aprobó ayer una nueva ley sobre seguridad. La medida, promovida por el gobierno de Shinzo Abe, permite al país utilizar sus fuerzas armadas en misiones militares en el extranjero. Según los observadores, la ley servirá para fortalecer la alianza Japón-Estados Unidos y, de hecho, marca un cambio radical con respecto a la Constitución promulgada después de la Segunda Guerra Mundial, que prohibía expresamente el uso de las fuerzas armadas japonesas en el extranjero.
Gracias a la nueva ley, Japón podría participar en misiones de la ONU que impliquen una intervención armada, así como proporcionar apoyo logístico a las fuerzas armadas de Estados Unidos y a otras “naciones amigas”, participar en operaciones internacionales contra el terrorismo o intervenir directamente en caso de una crisis militar con Corea del Norte.
En los últimos meses se han producido varias manifestaciones en el país para protestar contra la nueva ley y defender el artículo 9 de la Constitución, que impone a Japón el no mantener un ejército de agresión sino sólo “fuerzas de autodefensa”.
En esta fase los Obispos japoneses, en una declaración firmada por la Comisión Episcopal “Justicia y Paz”, recibida en la Agencia Fides, han definido como “absolutamente inaceptable que un ejecutivo decida implementar una reinterpretación que va en contra de un principio fundamental de la Constitución”, recordando el artículo 9 de la Carta de los Derechos Fundamentales y defendiendo la “renuncia a la guerra”, elección fundamental realizada hace 70 años. Gracias a esta opción, recuerdan los prelados, “Japón no ha causado muertes en guerra, ni entre los japoneses ni entre los extranjeros, en los últimos años, mientras que la sociedad internacional ha sufrido conflictos armados incesantes”.
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