Campo Grande – “¿Cuántas personas tienen que morir, para llegar a la conclusión de que tenemos que hacer algo concreto para que la paz, el respeto a los derechos humanos y la justicia, sean garantizados para todos?”. La pregunta la ha planteado Su Exc. Mons. Dimas Lara Barbosa, arzobispo de Campo Grande, que junto con los obispos de la zona Regional Centro-Oeste de Brasil, han enviado una carta a las autoridades denunciando la impunidad de los autores de los asesinatos de los indígenas de la zona.“El movimiento indígena y sus aliados continuarán monitoreando el progreso del proceso, con la esperanza de que la justicia llegue a tiempo y de manera ejemplar para castigar a los autores de estos crímenes de barbarie”, concluye la carta recibida por la Agencia Fides, que ha sido publicada por el CIMI como reflexión de los últimos acontecimientos trágicos que aún esperan respuesta.
El sábado, 29 de agosto, Simeón Vilhalva, fue asesinado durante los enfrentamientos con los agricultores de la aldea Antônio João por la posesión de un ganado. Los autores siguen siendo desconocidos y las circunstancias de lo ocurrido nunca se han aclarado. De acuerdo con el presidente del Consejo Comunal de los Derechos Indígenas, Sander Barbosa, Simeón es el nuevo símbolo de la lucha indígena por la justicia, ya que desde 1983 al menos 50 dirigentes indígenas han perdido la vida a causa de los conflictos por la tierra.
Otro ejemplo clamoroso fue el asesinato del misionero Vicente Cañas, en mayo de 1987. Después de casi 30 años, un nuevo jurado se debe crear en los próximos meses, según lo decidido por el Tribunal Federal de la 1ª Región.
“En el caso actual de Simeón, ¿sera el estado, una vez más responsable de esta impunidad?”, se pregunta la carta publicada por el CIMI, que prosigue: “Para evitar esto, la sociedad brasileña pide una investigación y sanción rápida de los culpables”. Además de aclaraciones y el castigo para los responsables, los diversos grupos religiosos y sociales piden la aceleración en el proceso de demarcación de tierras en la zona, y que se defienda el proyecto de ley PEC 71 que proporciona una compensación por las áreas robadas a los indígenas.
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