Caracas – “Pedimos que se restituya la normalidad cuanto antes, pues son muchas las penurias y zozobras que viven quienes habitan a ambos lados de la frontera, y no sólo ellos, sino toda la población de ambos países que siguen con estupor el desarrollo de los acontecimientos, que a la vista de todos son denigrantes de la condición de seres civilizados y hermanos”. Así se expresa la Comisión de Justicia y Paz de la Comisión Episcopal de Venezuela sobre la actual situación en la zona fronteriza con Colombia que ha llevado al cierre de la frontera entre los dos países por decisión del presidente de Venezuela, a la expulsión de unos mil colombianos y al retiro de sus embajadores. La motivación es la defensa de los derechos humanos y la seguridad alimenticia de los venezolanos, ya que, según el gobierno, casi la mitad de la comida venezolana se introduce de contrabando en Colombia. La frontera también es utilizada diariamente por los contrabandistas, traficantes de personas y narcotraficantes para sus crímenes.La Comisión Justicia y Paz “está profundamente preocupada por diversas denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos en el marco del Decreto de suspensión de garantías constitucionales en varios municipios de la frontera, pues es una situación que afecta a todos los que vivimos en Venezuela, dado que es inmensa la presencia de colombianos en nuestra tierra, y son muchos los vínculos de fraternidad y cooperación existentes… No se puede estigmatizar a todo un colectivo por presuntos delitos sin el debido proceso y el derecho a la defensa”.
Por ello los Obispos lanzan un llamamiento a las autoridades venezolanas, para que “garanticen el debido proceso y la integridad física de las personas, con especial énfasis en el derecho a la vida” según lo establecido por la Constitución y las leyes. Las autoridades de los derechos humanos en ambos países piden “que este problema que nos afecta a todos, tenga una rápida solución y que no se convierta en un problema político o ideológico, ni en una ocasión para promover la xenofobia o el desprecio de ningún ciudadano por razón de su origen”. En solidaridad con los millones de colombianos que han enriquecido Venezuela con sus valores y sus capacidades, los obispos llaman a la responsabilidad, la calma y la oración, con la esperanza de que el hecho de declararse cristianos mueva a la solidaridad, la misericordia, el perdón y al rechazo de todo lo que lleva al desprecio, la violencia y la guerra.
“Muchas de las personas deportadas no han podido llevarse sus pertenencias que han quedado en el territorio venezolano – continúan los obispos -, es de justicia devolver a quienes pertenecen los bienes inmuebles y demás objetos; es urgente que la familia se reunifique en la totalidad de sus miembros para evitar una crisis humanitaria por deportaciones masivas, para ello deseamos como venezolanos ver la respuesta del Poder Moral en pleno, no justificando acciones, sino trabajando para que se respeten los Derechos Humanos de todos los ciudadanos, sean Venezolanos o Colombianos”.
Los obispos son conscientes del sufrimiento de tantas personas a causa de esta situación y expresan su solidaridad. “Los ciudadanos venezolanos nos sentimos hermanos del vecino país, nunca han sido extraños, sino que tenemos una historia común” continua el texto, invitando a tomar la ocasión de estos eventos para “reflexionar sobre el futuro de nuestro país, sobre las responsabilidades de los dirigentes políticos y militares en la conducción de nuestra nación, sobre la paz interna y lo que queremos y anhelamos los venezolanos”.
El comunicado termina reiterando que “el Estado ha la obligación de garantizar los derechos humanos de todos sus ciudadanos, incluidos los extranjeros bajo su jurisdicción”.
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