Jartum - En las últimas semanas, el servicio de seguridad sudanés ha suspendido los permisos de trabajo de los corresponsales extranjeros que informan sobre las protestas actuales contra el presidente Omar Al Bashir y sobre la crisis económica en Sudán. El periódico El Jareeda fue secuestrado por novena vez consecutiva, El Midan por séptima vez, junto con El Tayyar y El Baath.
Según una nota enviada a la Agencia Fides, los periodistas informaron de “un endurecimiento del Servicio de Seguridad, el NISS, contra los órganos de prensa. Está prohibida la publicación de cualquier material relacionado con las manifestaciones y la violencia de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes”. Si se permite, sin embargo, la publicación de artículos relacionados con presuntos delitos cometidos por los manifestantes.
Las restricciones se refieren a las agencias de prensa sudanesas y extranjeras, incluidas los canales de televisión Al Jazeera y El Arabiya en Jartum, así como hacia los corresponsales de la agencia de noticias turca Anadolu. Los corresponsales de estas agencias han sido convocados y obligados a entregar sus acreditaciones y sus permisos de trabajo han sido suspendidos por tiempo indefinido. Según las informaciones, las autoridades sudanesas no estaban satisfechas con la cobertura mediática de los canales de televisión sudaneses e internacionales sobre el más de un mes de levantamiento, que comenzó el 19 de diciembre de 2018, contra el régimen en la capital y en otras ciudades. A principios de enero, el ministro de información sudanés acusó a varios canales de televisión de “haber inventado escenas surrealistas en protestas en Sudán”.
En un comunicado de la organización internacional Reporteros sin Fronteras , se resumen todas las violaciones contra la libertad de prensa registradas en el último mes. El informe habla de 66 periodistas arrestados, seis casos de acreditaciones retiradas a corresponsales de medios extranjeros y 34 periódicos incautados.
La comunidad internacional, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Parlamento Europeo condenaron la violenta represión de las autoridades sudanesas contra las protestas y la censura, así como las detenciones de periodistas.
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