Turbo - Cáritas de Colombia cuenta en un breve documental la historia de los desplazados de Paquemás, refugiados internos del conflicto armado, que después de 21 años están regresando a su tierra con el apoyo de la Iglesia. “Los reclamantes de tierras de Paquemás, 21 años logrando el retorno digno”, es el título del documental producido con la cooperación de la diócesis de Apartadó y de Caritas Internationalis a través de las Cáritas nacionales unidas en el “Grupo de Trabajo para Colombia”.En 1997, debido al conflicto entre la guerrilla, el ejército y los paramilitares, un centenar de familias de la aldea campesina de Paquemás, -municipio de Turbo en la región de Antioquia-, se vieron obligadas a marcharse. El regreso fue posible solo recientemente con el fin de la violencia y gracias a la Ley 1.448 / 2011 para la asistencia y “reparación íntegra” a las víctimas, que prevé la restitución de la tierra y una indemnización que les permita emprender una actividad económica. Aunque, en muchas ocasiones, el estado no dispone de los recursos necesarios para garantizar el regreso a casa, especialmente debido a la imposibilidad de garantizar la seguridad, especialmente en los territorios desmilitarizados de las FARC.
Cáritas es una de las realidades que lo está haciendo posible. “En 2013 estábamos buscando un grupo, un caso de personas que exigieran las tierras usurpadas, para así apoyarlos y acompañarlos en este proceso, y luego proponer otros casos”, explica a Fides Luz Marina Quintero, una de las coordinadoras del proyecto. “La idea no era partir de cero, sino de un grupo que ya estaba experimentando una dinámica de cooperación para que fuera más sencillo alcanzar el éxito”. Después de consultar varias diócesis, la elección recayó en Paquemás, “porque ya habían pensado organizarse y eran un caso emblemático a nivel nacional”.
El acompañamiento permitió fortalecer el compromiso y el conocimiento de sus derechos, les permitió crear lazos con las con instituciones y entre las familias para la protección de la seguridad personal y colectiva, reduciendo significativamente los riesgos derivados de las amenazas grupos delictivos que defienden los intereses de los ocupantes ilegales. Cáritas comenzó con un proyecto de investigación en el terreno, con capacitación e impacto en la opinión pública. Se resumió toda la información sobre las causas judiciales ya abiertas de manera individual y se profundizó el conocimiento de la ley mientras se realizaban actividades de sensibilización, lo que despertó la conciencia pública a nivel nacional e internacional.
Gracias a las Cáritas europeas involucradas, se visitaron instituciones como el Parlamento Europeo, el Parlamento británico o las Naciones Unidas. A esto se sumó un proyecto financiado por la Unión Europea para la formación de defensores de los derechos humanos. Ambos proyectos, junto con uno específico de la Cáritas colombiana, han permitido consolidar la asociación “Asopaquemás”, que hoy gestiona la producción agrícola. “Después de 5 años, - asegura Luz Marina Quintero- , decidimos salir del proceso, que ha sido muy fructífero ya que más del 35% de los hogares han obtenido sentencias de restitución de tierras y han regresado o están regresando al menos el 30%”. Ochenta de las 105 familias locales son parte de la asociación.
“Lo que sucedió en Paquemás es un ejemplo a nivel nacional”. Quintero cuenta cómo las personas desplazadas enfrentaron serios problemas cuando intentaron regresar a sus tierras ocupadas. “La ley afirma su propiedad de la tierra, pero no ofrece garantías para un retorno efectivo”. Regresaron solos, y no siempre sin la ayuda de la policía o, una vez establecidos, sufrieron amenazas o daños materiales como incendios, el asesinato de sus animales o la destrucción de las cercas de sus granjas”. Los ocupantes tienen quienes los defienden por la fuerza, y son, con frecuencia son líderes políticos, industriales o altos funcionarios. Al principio, los líderes de las familias fueron asesinados. Caritas requirió entonces medidas legales de protección y el acompañamiento de la policía, pero la solución llegó cuando los dueños de las propiedades comenzaron a regresar a Paquemás en grupos de familias. Creció entonces la sensibilización. “El asesinato de un líder ya no era una medida disuasoria para los delincuentes, porque había más de un líder”, concluye la coordinadora.
Posteriormente, en colaboración con la policía, se proporcionó protección a los amenazados a los que se escondió por un tiempo. Ahora las sentencias se presentan en un acto público en el pueblo más cercano del territorio, una medida “que también tiene una fuerza simbólica” de soberanía ciudadana, subraya Quintero. La policía informa a los ocupantes y procede a su “desalojo”. Sin embargo, las familias que vuelven siguen siendo vulnerables aunque el hecho de re-ocupar las tierras, si lo hacen dos o tres familias juntas, reduce notablemente el riesgo.
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