OCEANÍA/PAPUA NUEVA GUINEA - La crisis sanitaria pone en peligro el futuro de las poblaciones más precarias

Port Moresby - La crisis del sector sanitario en Papúa Nueva Guinea en los últimos meses se está agravando aún más. Los enfermeros y los médicos de los servicios sanitarios y de las instalaciones de atención médica católicas han reducido o dejado de trabajar por completo desde el 3 de julio debido a la falta de subvenciones y de los pagos de las nóminas por parte del gobierno desde principios del 2020. “Las dificultades financieras del gobierno en estos tiempos de pandemia y el cambio en las políticas económicas y la inversión extranjera son comprensibles dado el período de la pandemia. Sin embargo, se deben establecer prioridades”, escribe el p. Giorgio Licini, PIME, secretario general de la Conferencia Episcopal de PNGSI, en una nota enviada a la Agencia Fides.
“El problema aquí - subraya el p. Licini - son los servicios sanitarios en las áreas rurales. La Iglesia, como en casos similares en el pasado, logra movilizar recursos de emergencia, sin embargo, sin los salarios que paga el gobierno, los servicios de salud no serían suficientes ni para cubrir un año. El gobierno debe tener cuidado de no socavar su inspiración cristiana dejando fuera áreas remotas. En un mundo más pobre posterior al COVID-19, no habrá lugar para la codicia personal y corporativa; o la arrogancia humana volverá a empujar a millones de personas a vivir en condiciones de hambre, enfermedad y muerte”.
Los servicios de salud de las diferentes confesiones cristianas en PNG cubren aproximadamente el 50% del total del sector nacional sanitario. El hecho de que se encuentren principalmente en zonas rurales, donde apenas existe infraestructura gubernamental, indica la importancia que tienen para millones de ciudadanos desfavorecidos del país.
El Secretario de los Obispos también señala que Papúa Nueva Guinea es un raro ejemplo de un país que se abstiene de invertir en armamentos. “La tarea de asegurar suficientes recursos financieros para los servicios básicos requeridos, para el aparato estatal y para mejoras de infraestructura para una población en crecimiento es abrumadora”, explica. “La solidaridad internacional ayuda, pero sin penalizar los derechos humanos y las normas morales. Al final del día, cada persona y cada país es en gran parte responsable de su destino. Lo esencial es la integridad y el compromiso de los líderes, que se reflejan directamente en el tratamiento reservado a los marginados y los pobres”.