Manila (Agencia Fides) – El gobierno de Filipinas no está haciendo lo suficiente para detener las ejecuciones extrajudiciales, que desde hace demasiados años quedan impunes: lo denuncia la Ong “Human Rights Watch” (HRW) que señala un peligro, parece que “los funcionarios la ciudad y agentes de policía apoyan los asesinatos selectivos como una forma perversa de control de la delincuencia”. Algunos alcaldes de ciudades de las Filipinas, de hecho, son acusados de “complicidad en los asesinatos”. Según un reciente informe publicado por Human Rights Watch, en el período entre 2008 y 2013 en las Filipinas se han producido 298 ejecuciones extrajudiciales, todas impunes. La mayoría de las víctimas son presuntos narcotraficantes, delincuentes de poca monta, niños de la calle, pero también hay activistas de derechos humanos, abogados, sindicalistas, sacerdotes. Entre los casos de religiosos y misioneros, está el del p. Fausto Tentorio, PIME, asesinado en 2011 en Mindanao, y el sacerdote católico Cecilio Lucero, asesinado en septiembre de 2009 en la provincia de Samar del Norte, al sur de Manila. El fenómeno, señala la Ong, sigue dañando la imagen internacional de las Filipinas. HRW afirma: “El presidente Benigno Aquino ha ignorado en gran medida las ejecuciones extrajudiciales realizadas por escuadrones de la muerte que operan principalmente en las zonas urbanas”.
La larga estela de asesinatos impunes asolan el país desde hace más de una década. Según los grupos de la sociedad civil, la responsabilidad de estos actos se achaca a “escuadrones de la muerte” que operan en el país, compuestos por unidades de ex-militares o paramilitares. En 2010 la organización “Karapatan” (“Alianza por la mejora de los derechos del pueblo”) informó de ejecuciones extrajudiciales en especial de abogados, jueces, activistas de derechos humanos, periodistas y religiosos. En ocho años de gobierno de Gloria Macapagal Arroyo – presidente antes de Benigno Aquino, Jr. - se registraron 1.118 víctimas de ejecuciones sumarias, 1.026 casos de tortura, 1.946 detenciones arbitrarias, más de 30.000 agresiones y 81.000 intimidaciones. (PA) (Agencia Fides 24/5/2014)
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