Buenos Aires (Agencia Fides) – El gobierno de Cristina Kirchner está en una encrucijada por la estrategia que debe adoptarse sobre el consumo de drogas. El gobierno está a favor de la despenalización de la posesión de drogas blandas para consumo personal, aunque la presidente nunca ha hablado y sabe que la Iglesia se opone a la propuesta.
Como se ha puesto de manifiesto en el debate que se está produciendo en los medios de comunicación, el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, y el Ministro de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, son favorables.
El Presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, Mons. Jorge Lozano, obispo de la diócesis de Gualeguaychú, ha publicado un artículo en el diario “La Nación”, en el que se afirma que “antes de pensar en la despenalización, deben abordarse los temas de la inclusión social, fortalecer la igualdad de oportunidades y la lucha contra la adicción”.
Mons. Lozano considera una prioridad garantizar el acceso a la educación y la atención de los drogodependientes.
“La Sedronar (organismo responsable de coordinar las políticas nacionales para la lucha contra las dependencias está desarrollando un programa para instalar en el país 150 centros preventivos locales de las adicciones y 60 casas educativas terapéuticas. ¿No habría que terminar de escribir este capítulo apenas iniciado antes de despenalizar? ”, pregunta el obispo.
Y continúa señalando “La lentitud de las causas por narcotráfico está vinculada a falta de herramientas adecuadas y maniobras legales inmorales ”.El obispo además pide “dotar de instrumentos de control y de transparencia a las fuerzas de seguridad, garantizar la transparencia para desmantelar la corrupción, definir leyes contra el blanqueo de dinero”. El pasado mes de diciembre, muchos líderes políticos firmaron un compromiso en este sentido.
Mons. Lozano concluye pidiendo una consulta general: “Para una norma tan importante es necesario plantear una consulta amplia y federal . No puede quedar restringido el aporte a unos pocos actores en la ciudad de Buenos Aires Debería haber audiencias públicas en cada provincia, y escuchar a diversas organizaciones: iglesias, escuelas, centros, institutos...”.(CE) (Agencia Fides, 11/10/2014)
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