En la carta abierta, recibida también en la Agencia Fides, dirigida a los gobiernos nacionales y locales de Bolivia y Chile por la Caritas nacional y local de los dos países, por la Fundación Scalabrini, por el Instituto Católico Chileno de Migraciones y por World Visión Arica, se insta a una respuesta urgente a la crisis migratoria cada vez más dramática en la frontera entre los dos países.
“La migración, causada por la violencia, la pobreza, la intolerancia, el abuso de poder y la falta de justicia se han convertido en los Herodes de estos tiempos y han abierto una profunda herida en la región Latinoamericana. Miles de hombres y mujeres son impulsados a huir de sus países y hogares en busca de una vida digna” se lee en la carta. Hombres, mujeres, jóvenes y niños, caminan con el temor constante de ser detenidos, de convertirse en víctimas de traficantes o de perder la vida en el intento. El hambre, la incertidumbre y la desesperanza, acentuados más aún por las actuales condiciones de pandemia sanitaria, son sus compañeros de viaje. “Por años hemos visto y acompañamos los rostros de la migración forzada. También en estas últimas semanas, viendo la situación de hermanos migrantes en la frontera que compartimos Chile y Bolivia, hemos procurado ayudar y crear conciencia de esta realidad”, para que no se convierta en algo normal la violencia, la xenofobia, la exclusión, la explotación laboral, la trata o el tráfico o las muertes anónimas que les afectan.
Después de recordar que la indiferencia no es una opción del cristiano, las instituciones eclesiales pro-migrantes que trabajan en la frontera Bolivia-Chile, hacen un llamamiento a los gobiernos para que den una respuesta a la migración forzada a través de políticas públicas adecuadas, recordando la necesidad de que “se promuevan y fortalezcan políticas públicas dirigidas a responder a las necesidades de las poblaciones vulneradas de los países de acogida, para que en nuestro continente alcancemos condiciones de bienestar, justicia social, respeto y promoción de los derechos de todos sus habitantes”.
Por último, los signatarios expresan la esperanza de que los gobiernos abran sus fronteras a “aquellos que buscan vivir en paz, en busca de la unificación de las familias y de ser una esperanza de vida”, y vean en las instituciones eclesiales y no eclesiales como “aliados para promover soluciones sostenibles, solidarias y dignas a la migración forzada”.
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